Columna académica: «Anatocismo y el costo de no saber quién es quién»

Por: Augusto Orellana, académico de la Escuela de Administración UC

En cuestión de días, el anatocismo pasó de ser un tecnicismo financiero a uno de los puntos más controvertidos de la megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast. Una indicación aprobada en el Congreso prohíbe por completo el cobro de intereses sobre intereses, el Banco Central y la CMF advirtieron efectos sobre el crédito y el ahorro, y el Ejecutivo ya anunció un veto supresivo. El desenlace se resuelve estos días.

Hasta ahora, la discusión se ha concentrado en si la capitalización de intereses puede transformarse en una práctica abusiva para quienes caen en impago. Esa preocupación es legítima. Pero para evaluar los efectos de su eventual eliminación falta incorporar una dimensión fundamental: la asimetría de información en el mercado del crédito.

George Akerlof mostró, con su célebre “mercado de los limones”, que cuando el mercado no logra distinguir bien entre buenos y malos riesgos, termina tomando decisiones sobre la base de promedios. En el crédito, eso significa que la incertidumbre sobre quién pagará y quién no puede terminar influyendo en las condiciones ofrecidas a todos.

Aquí aparece una dimensión menos discutida del anatocismo. Desde una perspectiva económica, este actúa ex post. Una vez ocurrido el incumplimiento, parte del costo financiero recae sobre la obligación del deudor moroso. Si ese mecanismo se elimina, el costo asociado al incumplimiento no necesariamente desaparece. En un mercado donde es difícil distinguir ex ante entre distintos perfiles de riesgo, puede trasladarse hacia las condiciones iniciales del crédito tales como tasas más altas, menores montos, mayores exigencias o restricciones de acceso, afectando el desarrollo financiero. Esto importa porque el desarrollo financiero cumple un rol relevante en la inversión, la productividad y el crecimiento económico.

Por eso, el punto central no es si la asimetría de información justifica el anatocismo. No lo hace. La pregunta relevante es cuánto condiciona esa asimetría los costos de eliminarlo. Cuanto menos pueda distinguir el mercado entre distintos tipos de deudores antes de otorgar un crédito, mayor será la posibilidad de que esos costos terminen distribuyéndose entre un grupo más amplio de personas, incluidos quienes pagan oportunamente.

Para Chile, este no es un problema desconocido. Ya en 2019, el Banco Central advertía que la información crediticia estaba fragmentada entre distintos tipos de acreedores, lo que podía dificultar conocer el endeudamiento real de los clientes y evaluar correctamente su riesgo.

En los últimos años se han impulsado mecanismos para reducir esa brecha, como el Registro de Deuda Consolidada, que busca ampliar y ordenar la información disponible sobre las obligaciones de los deudores. Es un avance relevante, pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué tan bien puede hoy el mercado chileno distinguir ex ante entre distintos perfiles de riesgo?

Esa pregunta debiera ser central en la evaluación económica de la propuesta. El beneficio de eliminar una práctica considerada abusiva debe compararse con los costos que esa eliminación puede generar en un mercado con información incompleta. Si esos costos se traducen en crédito más caro, menor acceso o menores montos para un universo amplio de deudores, el beneficio neto de la reforma podría ser bastante menor al esperado e incluso, negativo.

Por ello, una eventual eliminación del anatocismo debiera ir acompañada de medidas que reduzcan ex ante la asimetría de información: mejor información crediticia consolidada y mejores herramientas de evaluación de riesgo. La discusión, entonces, no debiera limitarse a si el anatocismo es abusivo o no. Eliminar un mecanismo que opera ex post, sin saber qué tan bien podemos distinguir los riesgos ex ante, deja el análisis incompleto. Cuando no sabemos bien quién es quién, los costos no desaparecen; simplemente se traspasan entre más personas.